Congreso Extraordinario "Clodomiro Almeyda Medina"

Concepción (29 a 31 de Mayo de 1998)

I.- BALANCE DE LA TRANSICION Y LINEA POLITICA


1.- Balance de la Transición

1.1.- Breve reseña histórica.
El Congreso ha estimado que es importante situar la discusión del balance en su contexto histórico, señalando que la transición se ha dado en un marco de limitaciones y restricciones objetivas, derivadas de las correlaciones de fuerza existentes, que impusieron un tránsito a la democracia dentro del itinerario institucional fijado por la dictadura en la Constitución del 80 y que obligaron a transitar por el camino de una democracia pactada.

Se constata que la Concertación de Partidos por la Democracia en ningún momento renunció a sus objetivos fundacionales de luchar por una democratización plena de la sociedad, como consecuencia de las negociaciones que se llevaron a cabo con personeros del régimen militar en 1989, por lo que es absolutamente claro que la Concertación no ha legitimado en ningún momento la Constitución del 80.

Al hacer un balance ecuánime, resulta necesario comparar los resultados concretos obtenidos respecto de los objetivos que la Concertación de Partidos por la Democracia se propuso al momento de su fundación. En este sentido, queremos valorar el cumplimiento del objetivo básico central de la estrategia de la Concertación, el cual era conseguir que el General Pinochet se replegara ordenadamente a los cuarteles, posibilitando la instalación en La Moneda del Presidente Aylwin. Asimismo, se reconoce el innegable valor que tiene la restitución de las libertades ciudadanas fundamentales y el término de las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. La peor democracia será, siempre, ética y políticamente superior a cualquier dictadura.

Sin duda en la transición democrática, la cual no ha concluido, se han producido avances importantes, tales como los excelentes índices de crecimiento económico que permitirán la duplicación del producto interno bruto en esta década gobernada por la Concertación, el buen manejo de las variables macroeconómicas, la reinserción y liderazgo de Chile en la comunidad internacional, los avances importantes en la disminución de la pobreza e indigencia heredada de la dictadura, el impulso de una Reforma Educacional de envergadura histórica, los avances en la infraestructura acordes con los requerimientos que demanda continuar con el crecimiento del país.

No obstante lo anterior, existen grandes déficits y tareas inconclusas que tienen un carácter grave para el Partido Socialista.

En primer lugar, no se ha avanzado por el camino de la democratización plena del país. En efecto, hoy en el país no se encuentra garantizada la aplicación efectiva del principio de la mayoría y la subordinación plena de las Fuerzas Armadas al poder civil.

En segundo lugar, agregamos la persistencia de profundas desigualdades sociales, expresadas en que no se han acortado las brechas en la distribución del ingreso entre el quintil más rico de la población respecto del 20% más pobre. Chile continúa con una distribución del ingreso regresiva y una de las peores de América Latina, de tal manera que no puede afirmarse que el crecimiento económico haya ido acompañado de una mayor equidad social.

En tercer término, debemos señalar que sigue pendiente la profunda y desgarradora herida que representa para el país que no se conozca el paradero de los restos de los detenidos desaparecidos y que la justicia a las graves violaciones a los Derechos Humanos, salvo excepciones, sigue siendo una dolorosa realidad.

En cuarto lugar, es evidente que la sociedad civil entendida como la red de organizaciones sociales, el asociativismo y el desarrollo de medios de comunicación independientes, no se ha hecho más vigorosa e incidente en nuestra realidad. La participación ciudadana y la existencia de actores sociales fuertes sigue siendo inequívocamente una tarea pendiente.

Por otra parte, en la sociedad chilena persisten importantes resabios de una herencia dictatorial autoritaria, individualista y conservadora que resultan innegables.

Cabe agregar, además, que no se ha logrado en este período de transición consolidar un sistema de salud pública moderno y eficaz en la prestación de este derecho a todos los chilenos, especialmente quienes más lo necesitan, ni tampoco ha sido posible garantizar un acceso a la educación con equidad para todos los chilenos; la participación de los actores reales en el proceso de reforma se ha visto reemplazado por decisiones gubernamentales inconsultas.

En el ámbito productivo tampoco se ha tenido éxito en crear las condiciones y desarrollar las políticas públicas que favorezcan el desarrollo de los sectores productivos y pequeñas y medianas empresas que carecen de las herramientas para posicionarse competitivamente en los mercados en una economía abierta.

En definitiva, como conclusión global de este capítulo, el Partido considera central reconocer los hechos concretos, que más allá de los avances, son los responsables de un inconformismo e insatisfacción de los socialistas ante la transición.

1.2.- El Congreso estima que transcurrido más de ocho años desde que la Concertación de Partidos por la Democracia asumió la responsabilidad de gobernar el país, existe un agotamiento innegable de la estrategia de los consensos que entre otros elementos sustentó un diseño político de inmovilización de los ciudadanos y actores sociales del país, lo que debilitó y bloqueó la construcción de una fuerza social, política y cultural maciza y consistente, capaz de impulsar estos cambios que las mayorías nacionales comparten y respaldan, y que forman parte de los contenidos y objetivos fundacionales de la Concertación de Partidos por la Democracia.

1.3.- Respecto del rol jugado por el Partido Socialista, se concuerda en valorar muy positivamente ciertos hechos de consecuencia ética y política del Partido en diferentes coyunturas de esta transición, especialmente en nuestra vigilante y exitosa posición de no permitir leyes de punto final en las graves violaciones a los Derechos Humanos, su liderazgo en rechazar la presencia del dictador en la institución que el mismo, a sangre y fuego, cerró hace 25 años. Sin embargo, también se constata que el Partido ha carecido de una gravitación y mayor fuerza para oponerse a decisiones que no eran coherentes con avanzar en la consecución de objetivos políticos que contribuyeran más eficazmente a desbloquear la transición, por ejemplo, lograr un acuerdo con las fuerzas políticas en las recientes elecciones de parlamentarios por la democratización del país.

2.- Línea Política

El Partido Socialista reafirma la Concertación de Partidos por la Democracia como escenario de su alianza, planteando su necesaria reformulación y tomando en cuenta las nuevas realidades políticas que se han ido configurando en el país.
El Partido Socialista reconoce el interés que representa para la consecución de los objetivos democratizadores, buscar la ampliación del movimiento social que se pronuncie por los cambios.

Necesitamos mayores mayorías dispuestas a abrir un cauce desde ahora a un proceso de movilización social y ciudadana, de discusión y participación con la gente, de organización y fortalecimiento de las agrupaciones sociales, de crítica a los defectos del modelo actual, de combate a las desigualdades, de defensa de los ciudadanos en sus derechos y aspiraciones y de crítica responsable a los errores de los gobernantes.

El Partido debe asumir sus responsabilidades en la desmovilización social y promover un desarrollo creciente de la participación, tomándose los espacios que conlleven a la rearticulación de los lazos del Partido con la sociedad, a la repolitización de ésta y organizando a los chilenos a partir de las tareas ciudadanas.

Más que un consenso cupular de partidos, se debe buscar el consenso del país. Este consenso de país se estructurará en torno de un gran movimiento por los derechos sociales y económicos del pueblo de Chile. Esto representa reforzar y generar a la Concertación en la base.

La línea política del Partido Socialista debe estar constituida por su decisión inclaudicable de devolver la plena soberanía al pueblo de Chile. En otras palabras, que conquistemos el derecho a vivir en una democracia plena donde las mayorías sean mayorías.

El Partido Socialista debe ser el partido que trabaje incansablemente por la ilegitimación de la Constitución de 1980, aprobada fraudulentamente a espaldas del pueblo. Debemos resolver la traba institucional convocando al soberano, el pueblo. La alternativa plebiscitaria es la fórmula adecuada para resolver el conflicto que bloquea la transición. Ante un callejón sin salida institucional, es la ciudadanía la que debe pronunciarse.

La cultura dominante resalta los valores del individualismo y el consumo; a ella debemos oponer nuestra cultura de la solidaridad.

Nuestros planteamientos deben ser conocidos por la sociedad toda, debemos contar con medios propios de comunicación. Esta cuestión, que pudiera parecer menor, es relevante, toda vez que la información socialista es en la actualidad vehiculada por los medios conservadores.

Estos elementos esenciales de línea política deben ser incorporados a la plataforma programática del futuro Gobierno de la Concertación, encabezado por el compañero Ricardo Lagos, y que se debe traducir en más democracia, menos tutelaje, más independencia y dignidad.

II.- PLATAFORMA SOCIALISTA Y PROGRAMA DE GOBIERNO

1.- Introducción

Chile vive un período excepcional en su atribulada historia del siglo XX. En el marco de dos gobiernos democráticos, el país ha recuperado las libertades políticas. El crecimiento económico con estabilidad no tiene precedentes. Se ha expandido la infraestructura y el gasto social. El empleo y los salarios han crecido sostenidamente. La reducción de la pobreza ha sido uno de los grandes logros en esta década.


Sin embargo, estos logros no pueden eludir los grandes déficits que el país advierte y reclama. La concentración económica, la mala distribución del ingreso, las notables diferencias de calidad en la prestación de servicios básicos entre los sectores públicos y privado, la presencia de agudas carencias en los grupos vulnerables, constituyen graves insuficiencias del período democrático, junto a las desigualdades económico-sociales, libertades culturales. Más aún, vivimos en una sociedad donde la jornada de trabajo se ha prolongado excesivamente, donde la calidad de vida se deteriora, donde la inseguridad y la desconfianza predominan.


Superar estos déficits y enfrentar los nuevos desafíos constituyen la enorme tarea del tercer Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia. Se requiere una estrategia económica y social más avanzada que, consolidando lo alcanzado durante los gobiernos de Aylwin y Frei, logre hacer avanzar al país hacia un estado superior de desarrollo y democracia. Por ello es que los socialistas proponemos estos cuatro grandes ejes programáticos.


2.- Los cuatro grandes ejes programáticos


2.1.- Completar la transición y profundizar la democracia.


La transición democrática no ha culminado. Más aún, ésta se haya estancada. No se ha podido recuperar y ejercer plenamente la soberanía popular debido a la persistencia de enclaves autoritarios. En definitiva, al cabo de 10 años de transición aún permanecen los resortes institucionales que determinan que los intereses de la minoría prevalezcan sobre los de la mayoría. Por ello es que el Partido Socialista propone a todo el país completar la transición y profundizar la democracia, impulsando las siguientes iniciativas:


- Eliminar el sistema de los senadores designados y los vitalicios, así como el sistema electoral binominal.


- Reformar el Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional con una representación y atribuciones que eviten los tutelajes de estos organismos sobre el sistema político democrático.


- La plena subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles, mediante la modificación de la disposición constitucional que las convierte en "garantes de la institucionalidad".


- Restablecimiento de las facultades del Presidente sobre los mandos de las Fuerzas Armadas, de modo de consagrar en todos planos su subordinación a la autoridad emanada de la soberanía popular.


- Restituir las atribuciones del Parlamento en materias de iniciativa legal.


- Implementar un mecanismo de financiamiento público de los partidos políticos para las campañas electorales, asegurando la transparencia de los gastos.


- Promover la aprobación de la Ley de probidad ética y transparencia de la función pública.


- Afianzar los procesos de descentralización del Estado, así como la autonomía y facultades de los gobiernos regionales y comunales, asegurando formas más directas de expresión democrática.


El Partido Socialista considera que estos grandes desafíos de reforma institucional que completarán la transición y profundizarán la democracia, requieren de una gran movilizaciÛn cívica que integre a todos los sectores interesados en lograr una clara mayoría a favor de un plebiscito sobre dos puntos centrales: el término inmediato de los senadores no electos y del sistema electoral binominal.


2.2.- Hacia un desarrollo sustentable reduciendo las desigualdades.


Superar la herencia neoliberal, profundizar la obra de dos gobiernos democráticos, corregir los déficits y las tareas no realizadas, así como enfrentar las nuevas tareas que exige un desarrollo sustentable que reduzca en forma creciente las enormes desigualdades sociales, constituye el desafío del Tercer Gobierno Democrático.


Los socialistas afirmamos que sin un Estado vigoroso no habrá igualdad de oportunidades, ni tampoco un desarrollo integral y sustentable. Rechazamos la idea de un estado mínimo o subsidiario. Se requiere un Estado democrático que asegure la gobernabilidad del proceso de cambios y la inserción internacional de Chile. Un Estado que abra las oportunidades para todas las personas, que garantice el acceso de todos los chilenos a los bienes públicos y que asegure derechos ciudadanos. Un Estado que tenga fuerza reguladora para garantizar una justa competencia. Un Estado que oriente el desarrollo nacional con una estrategia de largo plazo orientada a elevar la calidad de vida de todos los chilenos. Un Estado que asegure la protección al medioambiente, generando con ello condiciones de equidad intergeneracional.


En este contexto, los socialistas proponemos al país:


- Impulsar una estrategia de desarrollo que, manteniendo un alto crecimiento con estabilidad, asegure una creciente diversificación de la estructura productiva, reduciendo la heterogeneidad entre empresas y territorios, e incrementando continuamente el valor agregado de la producción y las exportaciones.


- Profundizar e impulsar una estrategia de inserción internacional poniendo énfasis en su autonomía y la gobernabilidad nacional del proceso, privilegiando el compromiso integracionista con la región latinoamericana, el que ahora debe avanzar más allá de la integración comercial.


- Esta estrategia debe proponerse explícitamente la disminución de las enormes brechas de ingreso, riqueza, poder y calidad de vida que caracterizan hoy al país. Los socialistas consideramos que la equidad es condición indispensable del desarrollo. Y por ello debe ser un tema de permanente vigilancia.


- Profundizar el desarrollo de una fuerte institucionalidad reguladora y fiscalizadora que impida prácticas monopólicas, que asegure una justa competencia y que sancione prácticas atentatorias contra consumidores y usuarios.


- Profundizar el proceso de descentralización y desconcentración del Estado, fortaleciendo los Gobiernos Regionales y Comunales.


- Asegurar una provisión social básica de bienes y servicios sociales de creciente calidad, tales como en vivienda, educación y salud. En particular, ello implica profundizar la reforma educacional y extenderla a la educación superior. También significa emprender la gran reforma del sector salud que Chile necesita. Estas constituyen tareas ineludibles del próximo gobierno democrático.


- Avanzar en la protección de todos los chilenos contra los riesgos y la inseguridad, estableciendo un sistema de protección social adecuado para la vejez y los niños, así como también a quienes sufran el desempleo, la enfermedad o la invalidez.


- En el campo laboral, el Tercer Gobierno Democrático debe impulsar en todas sus políticas públicas el mejoramiento de las condiciones de trabajo, así como de la participación de los trabajadores organizados en todo proceso de modernización o transformación de la economía o del aparato público. Es indispensable aumentar los niveles y ámbitos de la negociación colectiva, orientada a que los aumentos de productividad se traduzcan en mayores remuneraciones, y que se asegure estabilidad de ingresos, capacitación permanente y orientación laboral que les permita reinsertarse en el trabajo, asegurando su adecuación a los procesos de cambios de la economía.


- Debe profundizarse la estrategia ambiental iniciada por los gobiernos democráticos, ampliando las facultades fiscalizadoras del Estado y la ciudadanía respecto del cumplimiento de las regulaciones ambientales, inhibiendo las presiones indebidas sobre los organismos técnico-políticos en los procesos de elaboración de normas y evaluación de impacto ambiental, ampliando y facilitando los mecanismos formales de participación ciudadana en materias ambientales.


- Para cumplir con sus roles, el Estado requiere de un financiamiento suficiente, justo y eficiente. La carga tributaria actualmente vigente y que equivale a un 17% del PIB debe incrementarse, reduciendo la evasión y la elusión tributaria, y eliminando las exenciones o subsidios injustificados, como es el caso de las ISAPRES. Se requiere también desarrollar la progresividad del sistema tributario y considerar medidas tales como un impuesto a la extracción de RRNN no renovables, o un aumento de la tributación a la remesa de intereses.


- Los socialistas estimamos como un gran éxito de los gobiernos de la Concertación lo logrado en el desarrollo de empresas públicas tales como CODELCO, ENAP y ENAMI, que se han modernizado continuamente y han establecido acuerdos estratégicos con sus trabajadores. Consideramos que por su importancia estratégica, estas empresas deben permanecer en manos del Estado.



2.3.- Ampliar los derechos ciudadanos y fortalecer la sociedad civil.


La lógica de la democracia debe impregnar el conjunto de las instituciones políticas, económicas, culturales y sociales. Ello requiere ampliar los derechos ciudadanos no sólo políticos, sino también económico-sociales y culturales. El Estado debe ampliar los derechos ciudadanos y debe apoyar el fortalecimiento de las organizaciones sociales.


Por ello es que los socialistas promovemos:


- Los derechos ciudadanos encuentran su fundamento en el irrestricto respeto a los derechos humanos. El Partido Socialista mantendrá el impulso de una política de derechos humanos que contemple tanto la ratificación y seguimiento de todas las normas y tratados internacionales, como la búsqueda sistemática de la verdad y la justicia en Chile.


- Ampliar, proteger y asegurar los siguientes derechos ciudadanos: los del trabajador, los del consumidor, los del usuario de servicios públicos, así como los derechos de todo chileno de vivir en un ambiente libre de contaminación.


- Ampliar, proteger y asegurar los derechos fundamentales de los niños, jóvenes, etnias, adultos mayores y discapacitados, en tanto grupos socialmente vulnerables.


- Garantizar los derechos de todo ciudadano a la seguridad y la privacidad.


- Reemplazar el servicio militar obligatorio por uno voluntario, incluyendo la posibilidad de un servicio social.



2.4.- Promover una cultura basada en la libertad, la solidaridad, la tolerancia y la no discriminación.


El lastre autoritario y conservador en Chile aún permea casi todas las instituciones del país. La censura se practica cotidianamente. La exclusión y la discriminación por razones de género, etnia, edad, discapacidad e incluso nacionalidad, constituye una dolorosa realidad en la sociedad actual.


Por ello que los socialistas promovemos:


- Terminar con todo tipo de discriminación y exclusión en el trabajo, en la escuela y la universidad, en las instituciones, en las comunidades y en la familia.


- Promover el pluralismo y la diversidad en los medios masivos de comunicación, corrigiendo la enorme concentración comunicacional que disponen los grandes grupos económicos.


- Terminar con toda forma de censura en el ámbito cultural.


- El Estado debe reconocer y valorizar a todas las formas de familia, otorgándole igualdad de derechos a todos sus miembros.


- Promover y asegurar el respeto y la protección de las etnias, su idioma y sus costumbres, a través de una política que facilite la integración, manteniendo la diversidad.


- Reconocimiento legal del divorcio con disolución de vínculo y protección de la familia en situación de conflicto.


- Reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.


- Mejorar los mecanismos de aplicación de la Ley de violencia intrafamiliar.

III.- EL PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

1.- Carácter e identidad partidaria


1.1.- El Partido Socialista de Chile tiene un carácter eminentemente popular y de izquierda y dota su quehacer de un sentido profundamente transformador de la sociedad y un sentido latinoamericanista. En consecuencia, nuestro Partido es un partido que expresa a los trabajadores manuales e intelectuales y a todos los sectores sociales discriminados y emergentes y a las etnias originarias.


1.2.- El Partido Socialista de Chile es una organización que existe y actúa movido por la firme convicción de la vigencia del socialismo como una auténtica alternativa de solución a los problemas globales que afligen a la humanidad contemporánea, generados por el capitalismo, y que su versión neoliberal ha sido incapaz de resolver.


1.3.- Un partido que represente una acción permanente por la justicia y la razón y capaz de levantar una alternativa democrática frente al neoliberalismo, al capitalismo, al populismo demagógico y al testimonialismo contestatario, para que sea apoyada por las grandes mayorías sociales y encamine a Chile hacia el socialismo.


1.4.- Un partido que se debe desarrollar en un constante proceso de actualización de sus posiciones a la luz de los cambios producidos en el mundo y en el país. Y a la vez reconoce en sus principios fundacionales, en su historia, en sus símbolos y en su himno, su identidad y su personalidad política.


1.5.- En consecuencia, el Partido Socialista de Chile define su carácter por los objetivos que establece en sus principios, asumiendo el marxismo como método de interpretación de la realidad, enriquecido y rectificado por los constantes aportes del devenir social, recogiendo particularmente las contribuciones del racionalismo y humanismo laico y del cristianismo popular.


1.6.- El Partido se define como un partido abierto a la comunidad y puesto a su servicio, que promueve el desarrollo de las organizaciones sociales en el seno del pueblo y no intenta aprovecharse de ellas para sus fines particulares.



2.- Generación de autoridades y sus mecanismos:


2.1.- Se adelantan las elecciones internas del Partido, en todos sus niveles, realizándose en forma simultánea.


2.2.- La fecha de realización de las elecciones será el 15 de agosto de 1998.


2.3.- Las direcciones durarán dos años en su mandato.


2.4.- Se modifica la composición del Comité Central: 60 de sus miembros corresponderán a regiones y serán elegidos proporcionalmente al número de militantes de cada región, y 30 serán elegidos a nivel nacional. A ellos se agregarán 5 miembros de la Juventud Socialista, por derecho propio. Sin embargo, cuando se efectúe la depuración del padrón del Partido la proporción aprobada para las regiones, corresponderá a ese nuevo padrón. Tal depuración se efectuará para efectos del ejercicio de derechos al interior del Partido.


2.4.1.- La Mesa Ejecutiva estará conformada por 5 integrantes: un Presidente, dos Vice-presidentes, una Vicepresidenta de la Mujer y el Secretario General. Habrá una Vicepresidencia de Asuntos Indígenas.


2.5.- La elección debe hacerse en base a listas fundadas en propuestas políticas y suscritas por los candidatos.


2.6.- El voto será ponderado, es decir, cada sufragante podrá marcar un número determinado de preferencias. La proporcionalidad de preferencias que podrá marcar cada sufragante corresponderá al 25% de los cargos a llenar.


2.7.- La Mesa Ejecutiva del Partido será generada indirectamente, esto es por el Comité Central, de entre sus miembros elegidos. Con este mismo criterio se generarán las autoridades unipersonales en los demás niveles de Dirección.


2.8.- Los cargos serán revocables, en el caso de incumplimiento de responsabilidades dirigentes, por los dos tercios de las instancias correspondientes, conforme a los siguientes criterios:


2.8.1.- Los integrantes de la Mesa Ejecutiva son revocables por los dos tercios del Comité Central.


2.8.2.- Los integrantes del Comité Central, por los dos tercios del Consejo General.


2.8.3.- Los integrantes de la Dirección Regional, por los dos tercios del Consejo Regional.


2.8.4.- Los integrantes de la Dirección Provincial, por los dos tercios del Consejo Provincial.


2.8.5.- Los integrantes de la Dirección Comunal, por los dos tercios del Consejo Comunal.


2.9.- Se establece la incompatibilidad de pertenecer al Comité Central de compañeros que ocupen altos cargos de confianza del Presidente de la República (ministros, subsecretarios, directores nacionales y regionales de servicios, intendentes, gobernadores y SEREMIS).


2.10.- En el plano de las finanzas, se establecerá un sistema obligatorio y exigible de pago de cotizaciones para todos los militantes.


2.10.1.- Se reglamentará el monto y oportunidad del pago de cotizaciones de los mandatarios y funcionarios de confianza del gobierno, en todos sus niveles.


2.10.2.- En el Comité Central se creará una Secretaría de Finanzas, cuya tarea sea la recaudación y administración de los recursos financieros del Partido, que estará sujeta a auditorías anuales por una Comisión especializada, independiente de ella.


2.10.3.- Los recursos obtenidos por la recuperación de nuestros bienes confiscados serán correctamente administrados y su manejo no implicará gastos corrientes. Estos fondos se destinarán a la reposición de sedes partidarias en aquellos lugares donde fueron confiscadas, a la generación de medios de comunicación social y a operaciones de inversión. Para cautelar el interés de la provincia o región, los recursos que corresponda quedarán, de preferencia, en la respectiva comuna, provincia o región.


2.11.- Se realizará, a la brevedad, un "sinceramiento" del padrón de militantes, que distinga a aquellos que realizan una vida militante regular de aquellos que sólo existen para los procesos electorales internos: militantes y adherentes.


2.12.- En cada región habrá un Departamento de Capacitación de Líderes que llevará el nombre de "Carlos Lorca".


2.13.- Se establece el compromiso de suprimir las fracciones y, en su lugar, regularizar las corrientes de opinión con una existencia transitoria.



3.- Aspectos no tratados en la Plenaria, que fueron propuestos en la Comisión y no se votaron por falta de tiempo.


3.1.- Reponer dentro del Comité Central un representante de las etnias amparado en el mecanismo de discriminación positiva.


3.2.- Flexibilizar las formas de organización en las regiones (pasar de Provinciales a Distritales) o hacerlas funcionales a los requerimientos locales, como por ejemplo, ampliar el número de Regionales en regiones donde la distancia impide o limita su funcionamiento regular.


3.3.- Establecer una política permanente para el desarrollo de los Frentes de masas.


3.4.- Generar un Código de Etica Militante.


3.5.- Generar una política de comunicación social que incorpore la creación de un medio de comunicación de carácter nacional (TV, radio, periódico u otro).


3.6.- Proponer que, para los procesos de recambio direccional, las propuestas "consensuadas" sean validadas mediante sufragio universal. Si la lista no obtiene el respaldo en votos de un 50% más uno de los participantes, debe en un plazo no superior a 30 días convocarse a una elección conforme a los mecanismos estatutarios.


3.7.- Se propone la realización de una Conferencia Nacional de Organización que dé cuenta de los aspectos pendientes.


3.8.- Se debe fortalecer la institucionalidad de Partido a partir de los Comunales, lugar en el que deben todos los compañeros aportar su presencia y tomar recaudos respecto de los poderes fácticos (tendencias y la acción de parlamentarios y altos funcionarios).


3.9.- Oponerse a la tendencia centralista del Partido, ya que la mayoría de los dirigentes, en forma creciente, se concentra en la Región Metropolitana.


3.10.- Se discute respecto de las tendencias y su peligroso accionar que linda con el funcionamiento fraccional por lo que debe regularse nítidamente su existencia.


3.11.- Generar una Escuela de Formación de Militantes.


3.12.- Frente al tema de la acción positiva de género, se propone que ésta sea de un 60% y un 40% versus quienes plantean la no existencia de la discriminación positiva.


3.13.- El Tribunal Supremo es la única instancia partidaria que puede interpretar los Estatutos.


3.14.- Que se agregue al artículo 22 del Estatuto que el Congreso General tiene la facultad indelegable de ser la única instancia que puede modificar los Estatutos.


3.15.- Someter al Tribunal Supremo al compañero Enrique Correa por su comportamiento ante la acusación constitucional contra Pinochet.


3.16.- Realizar una campaña de captación de militantes orientada preferentemente a los jóvenes: un Partido sin jóvenes es un Partido que muere.

IV.- RESOLUCION SOBRE DERECHOS HUMANOS

Considerando:


1.- La necesidad que este Congreso Extraordinario, máxima instancia partidaria en los temas para los cuales ha sido convocado, reitere el esencial y profundo compromiso del conjunto del Partido con la causa de la defensa y promoción de la dignidad humana en Chile y el mundo, así como el desarrollo de una política integral del partido en materia de derechos humanos;


2.- Que resulta conveniente que se explicite y particularice este compromiso por parte de dicha máxima instancia partidaria en algunas de las situaciones en que actualmente se encuentra afectada la dignidad y derechos fundamentales de los chilenos y chilenas, como una forma de fijar la posición del Partido al respecto, así como para que todas sus instancias promuevan su mejor solución: que el advenimiento de la transición democrática significó un esencial cambio en la situación de grave, masiva y sistemática violación de los derechos humanos que se vivió durante los 16 y 1/2 años de la dictadura militar, hecho que valoramos en toda su magnitud como el principal capital ético de la transición y de sus gobiernos democráticos y en cuya promoción el Partido y la Concertación han tenido una decisiva gravitación;


3.- Que, pese a lo anterior, aún persisten en el país fenómenos relevantes de violación de los derechos humanos, los que, aún cuando por lo antes constatado son de muy diverso carácter, gravedad y masividad -en la medida en que ya no es el Gobierno quien organiza su vulnerabilidad-, no por ello dejan de ser graves, altamente preocupantes e incompatibles con un Estado democrático y de Derecho;


4.- Que en los actuales fenómenos de violación de los derechos humanos, atendida la diversa forma en que éstos pueden ser afectados o vulnerados, la separación de poderes y las muy peculiares características institucionales de la actual forma del Estado chileno -sólo parcialmente democrático-, es preciso distinguir claramente cuál de los poderes u Órganos del Estado es responsable de los actos violatorios de la dignidad humana, sin perjuicio que ello irrogue responsabilidad, a lo menos jurídica, al Estado chileno en su conjunto, y


5.- Que es preciso valorar y respaldar el esencial compromiso que la Concertación de Partidos por la Democracia y sus gobiernos han expresado y mantenido reiteradamente con la construcción de una cultura de los derechos humanos en el país y con la defensa y promoción de la dignidad humana, lo cual, sin duda, ha constituido el mayor progreso político y ético de la actual transición democrática.


El Congreso Extraordinario del Partido Socialista acuerda manifestar su opinión acerca de las siguientes cuestiones fundamentales en el ámbito de los derechos humanos:


1.- Reiteramos nuestro esencial compromiso con el derecho a la verdad y la justicia de todas las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos registradas durante la dictadura militar y expresamos nuestra preocupación por la persistente situación de masiva impunidad en que se mantiene la gran mayoría de ellos, así como la falta de colaboración por parte de las diversas instituciones responsables de los funcionarios que los cometieron materialmente al establecimiento pleno de la verdad acerca de las circunstancias y destino de las víctimas. Reiteramos que aspiramos a la reconciliación en Chile, pero que ello no será posible mientras no se satisfagan estas exigencias de mínimo sentido humanitario. Expresamos la necesidad y nuestra voluntad de colaborar al establecimiento pleno de la verdad y a la exigencia de las responsabilidades jurídicas involucradas en los crímenes de lesa humanidad, como el de genocidio organizado y ejecutado entre 1973 y 1977, en el cual el general (R) Augusto Pinochet ostenta una obvia participación, tanto en Chile como en los delitos de chilenos opositores acaecidos en el extranjero. En este sentido, entre otras medidas resulta prioritario, en el plano legislativo, reactivar la tramitación del mensaje presidencial del 17 de junio de 1994, por el cual se aprueba la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968, así como dictar una ley penal que sancione explícitamente el delito de genocidio en Chile;


2.- Saludamos el intenso y profundo proceso de reforma judicial impulsado por el Gobierno del Presidente Frei, expresado particularmente en el sustantivo y alentador cambio registrado en los últimos seis meses en la composición de la Corte Suprema, así como el cambio del sistema procesal criminal, lo que alienta justificadamente la esperanza de una mayor y mejor protección de los derechos de los ciudadanos y una mejor receptividad a la demanda de justicia en todos los casos pendientes de violaciones a los derechos humanos. Expresamos nuestro rechazo tajante a la forma abusiva y arbitraria con que la Derecha en el Senado rechazó la propuesta presidencial para que un reconocido e intachable magistrado como el Ministro Milton Juica integre la Corte Suprema, lo cual relegitima la necesidad de crear el Consejo Nacional de la Magistratura, como la mejor alternativa capaz de asegurar la debida integración del Poder Judicial.


3.- Valoramos la aprobación por ambas Cámaras del proyecto de ley, iniciado en moción de diputados del Partido y de otros partidos de la Concertación, y que contó con el activo respaldo del Gobierno, por el cual se deroga la detención por sospecha y se regula la información de derechos a los detenidos, así como se perfecciona y aumentan las penas al delito de tortura. Constituyen muy importantes medidas de prevención de la tortura en el país, un fenómeno que es tan dañoso para la víctima como envilecedor para el funcionario que lo comete, y que se encontraba gravemente arraigado en las prácticas policiales al término de la dictadura y cuya persistencia, aunque de diverso carácter, es, lamentablemente, un hecho comprobado y preocupante. Llamamos a las autoridades de gobierno a seguir redoblando los esfuerzos para prevenir, desterrar y sancionar esta vergonzosa práctica y a asumir una política comunicacional que inequívocamente desaliente su ocurrencia y de asistencia y amparo a las víctimas.


4.- Llamamos a todos los poderes públicos a redoblar los esfuerzos por poner fin a los sistemáticos ilícitos contra las personas, especialmente niños, que acaecen desde hace más de 30 años en la ex-Colonia Dignidad, en una virtual situación extraterritorial y desconocimiento de la soberanía nacional.


5.- Expresamos nuestro pleno respaldo al proyecto de ley del gobierno que establece el término de la odiosa discriminación entre hijos legítimos e ilegítimos, lo que vulnera claras obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos, como son las provenientes de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Internacional de Derechos del Niño. Llamamos a la Derecha a terminar con el espectáculo grotesco de integrismo valórico con que pretenden frustrar este proyecto, a costa de la dignidad y derechos de cientos de miles de niños y niñas chilenas. Fieles a la doctrina de derechos humanos, afirmamos que cada vez que se encuentren en colisión los intereses de adultos y de niños debe, siempre, prevalecer el interés superior del niño. Asimismo, llamamos a las autoridades públicas a avanzar en la elaboración de un Código de Derechos del Niño.


6.- Expresamos nuestra honda preocupación por las condiciones particularmente crueles, inhumanas y degradantes en que se mantiene encarcelados en Perú a un numeroso grupo de ciudadanos.

V.- RESOLUCION SOBRE LA BUSQUEDA DE EJECUTADOS Y DETENIDOS-DESAPARECIDOS.

Iquique sigue viviendo el trauma del Campo de Concentración de Pisagua, lugar de cárcel y sufrimiento de cientos de compañeros militantes de la izquierda chilena.


Han transcurrido 25 años desde ese acto de sublevación hacia la Constitución de 1925 y de las autoridades elegidas por el pueblo. Han transcurrido ocho años, desde que el 2 de junio de 1990 aparecieron en Pisagua, los cuerpos de 19 compañeros dentro de una fosa clandestina.


Hoy, en mayo de 1998, un día 5, Chile, despertó con una información dramática; a través de Derechos Humanos, y en coordinación con la Gobernación Provincial de Iquique, se organizó las tareas de excavación y búsqueda en los cerros y en la costa de Pisagua, de los cuerpos de los compañeros ejecutados-desaparecidos y detenidos-desaparecidos. A pesar del esfuerzo, nulos fueron los resultados.


De esta nueva experiencia, los militantes socialistas sólo podemos decir que debemos abandonar la "estrategia del dato", del "informante interesado", de la acción individual y secreta, para dar paso a una Política de Estado, que movilice a las instituciones del Estado y sus recursos jurídicos y administrativos en procura de la Verdad.


Es por eso que el Congreso General Extraordinario "Clodomiro Almeyda Medina" aprueba el siguiente voto político:


Solicitar al Presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que exija, públicamente, a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, la entrega de la información necesaria que haga posible encontrar los restos de los compañeros Ejecutados-Desaparecidos y Detenidos-Desaparecidos.


Nuestros compañeros fueron detenidos y asesinados por funcionarios de las Fuerzas Armadas, por agentes del Estado, por lo tanto corresponde al Jefe del Estado, al Presidente de la República, en su calidad de superior jerárquico de las Fuerzas Armadas, garantizar el restablecimiento de la Verdad.


Sin Verdad, no puede haber Justicia, sin Justicia no puede haber Paz, sin Paz no hay Reconciliación ni Gobernabilidad entre los chilenos.

VI.- RESOLUCION SOBRE EXONERADOS

El Congreso General Extraordinario "Clodomiro Almeyda Medina" expresa su apoyo a la gestión del Comando Nacional de Exonerados Políticos de Chile en vías a respaldar la reforma de la ley que está en el Senado y que beneficia a los exonerados políticos de la dictadura de Pinochet.